OPERACION JERICO
Una vez más, la administración Obama trata de cambiar por la fuerza un régimen
que se resiste a sus designios.
El 12 de febrero de 2015, un avión propiedad de Academi (ex Blackwater) disfrazado con las insignias de las fuerzas armadas de Venezuela debía bombardear el palacio presidencial de Caracas para eliminar físicamente al presidente Nicolás Maduro.
Los conspiradores tenían previsto poner en el poder a la ex diputada María Corina Machado y hacerla aclamar de inmediato por varios ex presidentes latinoamericanos.
Los conspiradores tenían previsto poner en el poder a la ex diputada María Corina Machado y hacerla aclamar de inmediato por varios ex presidentes latinoamericanos.
El presidente Obama había emitido un claro aviso. Lo puso por escrito en su nueva doctrina de defensa (National Security Strategy):
«Estamos del lado de los ciudadanos cuyo pleno ejercicio de la democracia está en peligro, como los venezolanos». Siendo Venezuela, desde la adopción de la Constitución de 1999, uno de los Estados más democráticos del mundo, esa frase presagiaba lo peor en materia de intentos destinados a impedir su marcha por el camino de la independencia y la redistribución de la riqueza nacional.
- El presidente Obama con su consejero para Latinoamérica, Ricardo Zúñiga. Al fondo, la consejera de Seguridad Nacional, Susan Rice.
- © White House
Era el 6 de febrero de 2015. Washington terminaba de planificar el derrocamiento de las instituciones democráticas de Venezuela. El golpe de Estado estaba planificado para el 12 de febrero.
La «Operación Jericó» contaba con la supervisión del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), bajo la responsabilidad de Ricardo Zúñiga. Este «diplomático» es el nieto de otro Ricardo Zúñiga, el presidente del Partido Nacional de Honduras que organizó los golpes militares de 1963 y de 1972 a favor del general López Arellano. El Ricardo Zúñiga que ahora trabaja en la Casa Blanca dirigió desde 2009 hasta 2011 la estación de la CIA en La Habana, donde reclutó agentes y los financió para fabricar una oposición contra Fidel Castro a la vez que negociaba la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba, finalmente anunciada en 2014.
Como siempre en ese tipo de operaciones, Washington se esfuerza por no parecer implicado en los acontecimientos que sin embargo dirige. La CIA organiza y dirige a los golpistas a través de organizaciones supuestamente no gubernamentales: la NED (National Endowment for Democracy) y sus dos tentáculos de derecha, el International Republican Institute (IRI) y de izquierda, el National Democratic Institute (NDI); la Freedom House y el International Center for Non-Profit Law.
Además, Estados Unidos siempre recurre a sus aliados utilizándolos como contratistas en ciertos aspectos del putsch. Esta vez participaron al menos Alemania –a cargo de la protección de los ciudadanos de los países de la OTAN durante el golpe–, Canadá –a cargo del control del aeropuerto internacional civil de Caracas–, Israel –encargado de garantizar los asesinatos de varias personalidades chavistas– y el Reino Unido –a cargo de la propaganda de los golpistas. Finalmente, también moviliza sus redes políticas para que reconozcan a los golpistas: en Washington, el senador Marco Rubio; en Chile, el ex presidente Sebastián Piñera; en Colombia, los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana; en México, los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox; en España, el ex presidente del gobierno José María Aznar.
Para justificar el putsch, la Casa Blanca había estimulado grandes empresas venezolanas a retener en sus almacenes enormes cantidades de productos de primera necesidad. La no distribución de esos productos tenía como objetivo provocar grandes colas ante los comercios y el estallido de motines estimulados por la acción de provocadores infiltrados entre los consumidores descontentos. La maniobra fracasó ya que, a pesar de la escasez artificialmente provocada durante enero y febrero y de las colas ante las tiendas, los venezolanos nunca llegaron a atacar los comercios.
Para reforzar el sabotaje económico, el presidente Obama había firmado, el 18 de diciembre de 2014, una ley que impone sanciones contra Venezuela y contra varios de sus dirigentes. Oficialmente, Washington decía querer sancionar a las personalidades responsables de la represión contra manifestaciones estudiantiles. En realidad, desde el inicio del año, Washington estaba pagando un salario -4 veces superior al ingreso medio de los venezolanos– a los miembros de pandillas que se dedicaban a agredir a las fuerzas del orden. Estos falsos estudiantes asesinaron a 43 personas en varios meses y sembraban el terror en las calles de Caracas.
- El ex número 2 de la ISAF en Afganistán, general Thomas W. Geary, actualmente al mando de la inteligencia del SouthCom.
La acción militar estaba bajo la supervisión del general Thomas W. Geary, desde la sede del SouthCom en Miami, y de Rebecca Chavez, desde el Pentágono. Como subcontratista de la parte militar del golpe aparecen el ejército privado Academi (ex Blackwater); una firma actualmente administrada por el almirante Bobby R. Inman (ex jefe de la NSA) y John Ashcroft (ex secretario de Justicia de la administración Bush).
Según esa parte del plan, un avión militar Super Tucano, matrícula N314TG, comprado por Academi en Virginia, en 2008, para asesinar a Raúl Reyes, número 2 de las FARC colombianas, avión falsamente identificado con las insignias de las fuerzas armadas de Venezuela, debía bombardear el palacio presidencial de Miraflores y otros objetivos entre los que se encontraban la sede del ministerio de Defensa, la dirección de Inteligencia y la sede de TeleSur, el canal de televisión multinacional creado por el ALBA. El avión se hallaba en Colombia, el cuartel general de los putchistas había sido instalado en la embajada de Estados Unidos en Bogotá –la capital colombiana– con la participación del embajador estadounidense Kevin Whitaker y de su segundo, Benjamin Ziff.
Varios oficiales superiores, activos y retirados, habían grabado de antemano un mensaje a la Nación anunciando que habían tomado el poder para restaurar el orden en el país. También estaba previsto que suscribirían el plan de transición, publicado en la mañana del 12 de febrero de 2015 en el diario El Nacionaly redactado por el Departamento de Estado estadounidense. El plan incluía la formación de un nuevo gobierno, encabezado por la ex diputada María Corina Machado.
- El golpe de Estado pondría en el poder a María Corina Machado. El 26 de enero de 2015, la ex diputada recibía en Caracas a sus principales cómplices extranjeros.
María Corina Machado fue presidenta de Súmate, la asociación que organizó y perdió el referéndum revocatorio contra el presidente Hugo Chávez Frías, en 2004, utilizando para ello –ya en aquel momento– los fondos de la NED (National Endowment for Democracy) y los servicios del publicista francés Jacques Seguela. A pesar de aquella derrota, María Corina Machado fue recibida con honores por el presidente George W. Bush en el Buró Oval de la Casa Blanca el 21 de marzo de 2005. Después de ser electa en 2011 como representante del Estado de Miranda, el 21 de marzo de 2014 María Corina Machado se presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) como jefa de la delegación de Panamá a ese foro continental y fue inmediatamente destituida de su cargo de diputada por haber violado así los artículos 149 y 191 de la Constitución de Venezuela.
Para facilitar la coordinación del putsch, María Corina Machado organizó en Caracas, el 26 de enero, un coloquio denominado «Poder ciudadano y Democracia hoy», en el que participaron la mayoría de las personalidades venezolanas y extranjeras vinculadas a la intentona golpista.
¡Mala suerte! La Inteligencia Militar venezolana estaba vigilando a las personalidades sospechosas de haber fomentado un complot anterior para asesinar al presidente Maduro. En mayo de 2014, el fiscal de Caracas había acusado a María Corina Machado, el gobernador Henrique Salas Romer, el ex diplomático Diego Arria, el abogado Gustavo Tarre Birceño, el banquero Eligio Cedeño y el hombre de negocios Pedro M. Burelli, quienes negaron haber escrito sus propios e-mails afirmando que habían sido falsificados por la Inteligencia Militar. Por supuesto, todos eran cómplices.
Al seguir la pista de estos conspiradores, la Inteligencia Militar descubrió la «Operación Jericó». En la noche del 11 de febrero, los principales líderes de la conspiración y un agente del Mosad israelí fueron arrestados y se reforzó la protección aérea de la capital venezolana. Otros implicados fueron arrestados el 12 de febrero. El día 20, las confesiones de los arrestados permitieron la detención de otro cómplice: el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
- El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, era el agente de enlace con Israel. Ledezma había viajado secretamente a Tel Aviv, el 18 de mayo de 2012, para reunirse con el primer ministro israelí Benyamin Netanyahu y con el ministro de Relaciones Exteriores Avigdor Lieberman actuando como representante del jefe de la oposición venezolana, Henrique Capriles Radonski.
El presidente Nicolás Maduro compareció de inmediato en televisión denunciando a los conspiradores. Mientras tanto, en Washington, la portavoz del Departamento de Estado hacía reír a los periodistas que recordaban el golpe de Estado organizado por Obama en 2009 en Honduras o más recientemente, en enero de 2015, en la intentona golpista de Macedonia, al declarar: «Esas acusaciones, como todas las anteriores, son ridículas. Es una política de hace tiempo, Estados Unidos no apoya las transiciones políticas por medios no constitucionales. Las transiciones políticas deben ser democráticas, constitucionales, pacíficas y legales. Hemos visto varias veces que el gobierno venezolano trata de desviar la atención de sus propias acciones acusando a Estados Unidos u otros miembros de la comunidad internacional por los acontecimientos en el interior de Venezuela. Esos esfuerzos reflejan falta de seriedad de parte del gobierno de Venezuela al enfrentar la grave situación que está confrontando.»
Para los venezolanos, este golpe de Estado abortado plantea un grave dilema: ¿Cómo mantener la democracia cuando los principales líderes de la oposición están en la cárcel por haber preparado crímenes en contra de la democracia?
Para quienes aún creen, erróneamente, que Estados Unidos ha cambiado, que ese país ha dejado de ser una potencia imperialista y que ahora defiende la democracia en el mundo, la «Operación Jericó» es un obligado tema de reflexión.
Estados Unidos contra Venezuela
En 2002, Estados Unidos organizó un golpe de Estado contra el presidente democráticamente electo Hugo Chávez Frías [1] y posteriormente asesinó al juez venezolano a cargo de la investigación, Danilo Anderson [2].
En 2007, Estados Unidos intentó un cambio de régimen organizando en Venezuela una «revolución de color» con la participación de grupos trotskistas [3].
En 2014, Estados Unidos pareció renunciar a su objetivo y respaldó grupos anarquistas que realizaron innumerables actos vandálicos para desestabilizar Venezuela, lo que los venezolanos llamanla Guarimba [4].
ero de 2015. Washington terminaba de planificar el derrocamiento de las instituciones democráticas de Venezuela. El golpe de Estado estaba planificado para el 12 de febrero.
La «Operación Jericó» contaba con la supervisión del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), bajo la responsabilidad de Ricardo Zúñiga. Este «diplomático» es el nieto de otro Ricardo Zúñiga, el presidente del Partido Nacional de Honduras que organizó los golpes militares de 1963 y de 1972 a favor del general López Arellano. El Ricardo Zúñiga que ahora trabaja en la Casa Blanca dirigió desde 2009 hasta 2011 la estación de la CIA en La Habana, donde reclutó agentes y los financió para fabricar una oposición contra Fidel Castro a la vez que negociaba la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba, finalmente anunciada en 2014.
Como siempre en ese tipo de operaciones, Washington se esfuerza por no parecer implicado en los acontecimientos que sin embargo dirige. La CIA organiza y dirige a los golpistas a través de organizaciones supuestamente no gubernamentales: la NED (National Endowment for Democracy) y sus dos tentáculos de derecha, el International Republican Institute (IRI) y de izquierda, el National Democratic Institute (NDI); la Freedom House y el International Center for Non-Profit Law.
Además, Estados Unidos siempre recurre a sus aliados utilizándolos como contratistas en ciertos aspectos del putsch. Esta vez participaron al menos Alemania –a cargo de la protección de los ciudadanos de los países de la OTAN durante el golpe–, Canadá –a cargo del control del aeropuerto internacional civil de Caracas–, Israel –encargado de garantizar los asesinatos de varias personalidades chavistas– y el Reino Unido –a cargo de la propaganda de los golpistas. Finalmente, también moviliza sus redes políticas para que reconozcan a los golpistas: en Washington, el senador Marco Rubio; en Chile, el ex presidente Sebastián Piñera; en Colombia, los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana; en México, los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox; en España, el ex presidente del gobierno José María Aznar.
Para justificar el putsch, la Casa Blanca había estimulado grandes empresas venezolanas a retener en sus almacenes enormes cantidades de productos de primera necesidad. La no distribución de esos productos tenía como objetivo provocar grandes colas ante los comercios y el estallido de motines estimulados por la acción de provocadores infiltrados entre los consumidores descontentos. La maniobra fracasó ya que, a pesar de la escasez artificialmente provocada durante enero y febrero y de las colas ante las tiendas, los venezolanos nunca llegaron a atacar los comercios.
Para reforzar el sabotaje económico, el presidente Obama había firmado, el 18 de diciembre de 2014, una ley que impone sanciones contra Venezuela y contra varios de sus dirigentes. Oficialmente, Washington decía querer sancionar a las personalidades responsables de la represión contra manifestaciones estudiantiles. En realidad, desde el inicio del año, Washington estaba pagando un salario -4 veces superior al ingreso medio de los venezolanos– a los miembros de pandillas que se dedicaban a agredir a las fuerzas del orden. Estos falsos estudiantes asesinaron a 43 personas en varios meses y sembraban el terror en las calles de Caracas.
- El ex número 2 de la ISAF en Afganistán, general Thomas W. Geary, actualmente al mando de la inteligencia del SouthCom.
La acción militar estaba bajo la supervisión del general Thomas W. Geary, desde la sede del SouthCom en Miami, y de Rebecca Chavez, desde el Pentágono. Como subcontratista de la parte militar del golpe aparecen el ejército privado Academi (ex Blackwater); una firma actualmente administrada por el almirante Bobby R. Inman (ex jefe de la NSA) y John Ashcroft (ex secretario de Justicia de la administración Bush).
Según esa parte del plan, un avión militar Super Tucano, matrícula N314TG, comprado por Academi en Virginia, en 2008, para asesinar a Raúl Reyes, número 2 de las FARC colombianas, avión falsamente identificado con las insignias de las fuerzas armadas de Venezuela, debía bombardear el palacio presidencial de Miraflores y otros objetivos entre los que se encontraban la sede del ministerio de Defensa, la dirección de Inteligencia y la sede de TeleSur, el canal de televisión multinacional creado por el ALBA. El avión se hallaba en Colombia, el cuartel general de los putchistas había sido instalado en la embajada de Estados Unidos en Bogotá –la capital colombiana– con la participación del embajador estadounidense Kevin Whitaker y de su segundo, Benjamin Ziff.
Varios oficiales superiores, activos y retirados, habían grabado de antemano un mensaje a la Nación anunciando que habían tomado el poder para restaurar el orden en el país. También estaba previsto que suscribirían el plan de transición, publicado en la mañana del 12 de febrero de 2015 en el diario El Nacionaly redactado por el Departamento de Estado estadounidense. El plan incluía la formación de un nuevo gobierno, encabezado por la ex diputada María Corina Machado.
- El golpe de Estado pondría en el poder a María Corina Machado. El 26 de enero de 2015, la ex diputada recibía en Caracas a sus principales cómplices extranjeros.
María Corina Machado fue presidenta de Súmate, la asociación que organizó y perdió el referéndum revocatorio contra el presidente Hugo Chávez Frías, en 2004, utilizando para ello –ya en aquel momento– los fondos de la NED (National Endowment for Democracy) y los servicios del publicista francés Jacques Seguela. A pesar de aquella derrota, María Corina Machado fue recibida con honores por el presidente George W. Bush en el Buró Oval de la Casa Blanca el 21 de marzo de 2005. Después de ser electa en 2011 como representante del Estado de Miranda, el 21 de marzo de 2014 María Corina Machado se presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) como jefa de la delegación de Panamá a ese foro continental y fue inmediatamente destituida de su cargo de diputada por haber violado así los artículos 149 y 191 de la Constitución de Venezuela.
Para facilitar la coordinación del putsch, María Corina Machado organizó en Caracas, el 26 de enero, un coloquio denominado «Poder ciudadano y Democracia hoy», en el que participaron la mayoría de las personalidades venezolanas y extranjeras vinculadas a la intentona golpista.
¡Mala suerte! La Inteligencia Militar venezolana estaba vigilando a las personalidades sospechosas de haber fomentado un complot anterior para asesinar al presidente Maduro. En mayo de 2014, el fiscal de Caracas había acusado a María Corina Machado, el gobernador Henrique Salas Romer, el ex diplomático Diego Arria, el abogado Gustavo Tarre Birceño, el banquero Eligio Cedeño y el hombre de negocios Pedro M. Burelli, quienes negaron haber escrito sus propios e-mails afirmando que habían sido falsificados por la Inteligencia Militar. Por supuesto, todos eran cómplices.
Al seguir la pista de estos conspiradores, la Inteligencia Militar descubrió la «Operación Jericó». En la noche del 11 de febrero, los principales líderes de la conspiración y un agente del Mosad israelí fueron arrestados y se reforzó la protección aérea de la capital venezolana. Otros implicados fueron arrestados el 12 de febrero. El día 20, las confesiones de los arrestados permitieron la detención de otro cómplice: el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
- El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, era el agente de enlace con Israel. Ledezma había viajado secretamente a Tel Aviv, el 18 de mayo de 2012, para reunirse con el primer ministro israelí Benyamin Netanyahu y con el ministro de Relaciones Exteriores Avigdor Lieberman actuando como representante del jefe de la oposición venezolana, Henrique Capriles Radonski.
El presidente Nicolás Maduro compareció de inmediato en televisión denunciando a los conspiradores. Mientras tanto, en Washington, la portavoz del Departamento de Estado hacía reír a los periodistas que recordaban el golpe de Estado organizado por Obama en 2009 en Honduras o más recientemente, en enero de 2015, en la intentona golpista de Macedonia, al declarar: «Esas acusaciones, como todas las anteriores, son ridículas. Es una política de hace tiempo, Estados Unidos no apoya las transiciones políticas por medios no constitucionales. Las transiciones políticas deben ser democráticas, constitucionales, pacíficas y legales. Hemos visto varias veces que el gobierno venezolano trata de desviar la atención de sus propias acciones acusando a Estados Unidos u otros miembros de la comunidad internacional por los acontecimientos en el interior de Venezuela. Esos esfuerzos reflejan falta de seriedad de parte del gobierno de Venezuela al enfrentar la grave situación que está confrontando.»
Para los venezolanos, este golpe de Estado abortado plantea un grave dilema: ¿Cómo mantener la democracia cuando los principales líderes de la oposición están en la cárcel por haber preparado crímenes en contra de la democracia?
Para quienes aún creen, erróneamente, que Estados Unidos ha cambiado, que ese país ha dejado de ser una potencia imperialista y que ahora defiende la democracia en el mundo, la «Operación Jericó» es un obligado tema de reflexión.
por Thierry Meyssan
Estados Unidos contra Venezuela
En 2002, Estados Unidos organizó un golpe de Estado contra el presidente democráticamente electo Hugo Chávez Frías [1] y posteriormente asesinó al juez venezolano a cargo de la investigación, Danilo Anderson [2].
En 2007, Estados Unidos intentó un cambio de régimen organizando en Venezuela una «revolución de color» con la participación de grupos trotskistas [3].
En 2014, Estados Unidos pareció renunciar a su objetivo y respaldó grupos anarquistas que realizaron innumerables actos vandálicos para desestabilizar Venezuela, lo que los venezolanos llamanla Guarimba [4].
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¿Quién es el alcalde venezolano detenido?
Antonio Ledezma es un jefe político de la vieja estructura de Acción Democrática, el partido que usó el Departamento de Estado desde 1958 para reordenar el poder en Venezuela y asegurar el control del petróleo. En 2000 renunció a AD y funda Bravo Pueblo, con restos de AD. PERO EL CASO DE LEDEZMA ES PARTICULAR: […]
Antonio Ledezma es un jefe político de la vieja estructura de Acción Democrática, el partido que usó el Departamento de Estado desde 1958 para reordenar el poder en Venezuela y asegurar el control del petróleo. En 2000 renunció a AD y funda Bravo Pueblo, con restos de AD.
Antonio Ledezma es un jefe político de la vieja estructura de Acción Democrática, el partido que usó el Departamento de Estado desde 1958 para reordenar el poder en Venezuela y asegurar el control del petróleo. En 2000 renunció a AD y funda Bravo Pueblo, con restos de AD.
PERO EL CASO DE LEDEZMA ES PARTICULAR: Él es uno de los funcionarios de Estado que reúne más cargos judiciales por asesinatos y heridos en las calles de Caracas, desde 1992. También por corrupción, pero en este delito no se diferencia de otros funcionarios de la derecha o del propio chavismo. Se trata de uno de esos casos criminales de la vida política, legitimado (léase lavado) mediante el voto y el ropaje ideológico que provee todo Estado.
Algo similar hemos visto en muchos países: Ríos Mont en Guatemala, Uribe y Santos en Colombia, Aznar en España, o el general argentino Bussi, uno de los genocidas más furiosos de la dictadura.
Es una lástima, que algunos dirigentes de PODEMOS, España, sean tan frágiles ante la “opinión pública” de la clase media de su país, y hayan condenado el encarcelamiento de Ledezma, con los mismos argumentos que Obama o Piñera. Más lamento que sus varios años de asesoría al lado de Hugo Chávez, no les haya servido para saber de qué lado colocarse… cuando las papas queman.
Tiene razón N. Chomski cuando los limita a su sola condición de anti neoliberales, lo que ya es un mérito enorme en el mundo actual. No les da para mucho más. Algo es algo.
En 2002, Ledezma fue un activo actor público en el Golpe de Estado contra Chávez, que dejó 23 asesinados.
En los días previos, visitó cada día a los militares golpistas reunidos en la Plaza Altamira de Caracas. Su rostro aparece en los videos de TV que retrataron a los golpistas.
Un año después, fue uno de los más impulsores del paro petrolero-empresarial, que causó pérdidas por 21 mil millones de dólares. Nuevamente quedó registraro por las cámaras.
En agosto de 2004, coordinó acciones del “Plan Guarimba”: Incitó a militantes de Alianza al Bravo Pueblo y de AD a quemar la sede del partido Movimiento V República, en Caracas. Ese mes, desconoció los resultados del Referéndum Revocatorio ganado por el presidente Chávez el 14 de Agosto.
En 2005, lideró el llamado a retirarse (abstenerse) de las elecciones a Diputados, para deslegitimar la democracia venezolana ante el mundo.
2008: Al mes de ser electo Alcalde Metropolitano de Caracas, despidió por Orden Ejecutiva a 2.252 trabajadores y congeló el salario a los jubilados.
En 2014, es, junto a Leopoldo López y María Corina Machado uno de los jefes de la conjura llamada “La Salida” (o “Revuelta de Ricos”: como titulamos en el libro que me publicó Herramienta el año pasado). Resultado: 43 asesinados en las calles.
Su acción criminal ilimitada, lo llevó a planificar el asesinato de su socio Leopoldo López, para generar un caos social y un vacío de poder. El gobierno presentó por TV la grabación de audio (su voz fue tomada de su celular). Quedó denunciado en los medios, pero no en la Justicia: El gobierno cometió el error de no juzgarlo.
En 2015, finalmente, la Fiscalía General le instruyé un expediente, se lo llevan a su Despacho, donde se entrega pacíficamente y sale con las manos levantadas, sin esposas, para ser procesado. Está detenido en la prisión de Ramo Verde, en las afuerzas montañosas de Caracas, la misma cárcel donde cumple pena su víctima propiciatoria de 2014, Leopoldo López.
PRONTUARIO CRIMINAL ASENTADO EN JUZGADOS CARAQUEÑOS CONTRA Antonio Ledezma:
A) Muerte de la periodista María Verónica Tessari.
B) Como Gobernador del Distrito Federal en 1992, fue acusado por la represión masiva de la Policía Metropolitana a su cargo. 37 batidas policiales dejaron 89 estudiantes, periodistas y adultos mayores heridos.
C) El jueves 19 de marzo de 1992 el estudiantado venezolano organiza acciones de protesta exigiendo la restitución de garantías constitucionales. Estas manifestaciones fueron reprimidas con mucha violencia, dejando 144 heridos, registrados en los hospitales, la prensa y las organizaciones militantes. Mientras eran golpeados los periodistas en la marcha los policías les gritaban: “Informen que nosotros reprimimos”. Así quedó registrado en la prensa.
D) Los lesionados fueron: Herminia Serrano (PERIODISTA de emisora RQ910): Conmoción cerebral producto de un golpe en el cuello causado con el sable usado por los funcionarios policiales (peinillazos). Oswaldo González Moreno (PERIODISTA de YVKE mundial): Recibió peinillazos y su grabadora fue destrozada por un funcionario de la PM. Francisco Solorzano (PERIODISTA; secretario general del Colegio Nacional de Periodistas): Fue detenido por funcionarios de la PM. Recibió múltiples peinillazos por parte de los agentes. María Verónica Tessari (PERIODISTA: Conmoción cerebral, 15 puntos de sutura debido a que una bomba lacrimógena lanzada por la PM que impactó en su cabeza. Su condición se agravó debido a que el gas lacrimógeno logro penetrar en el interior de la estructura craneal . Tessari murió a los 5 meses en la clínica (1993).
E) MASACRE EN EL “RETÉN DE CATIA”
Ledezma fue acusado de ordenar la “ejecución” masiva de un poco más de 200 reclusos políticos, el 27 de noviembre de 1992, en la ex cárcel caraqueña llamada Reten de Catia. En 2006, Chávez ordenó convertirla en un centro cultural. Para ser justos, de la masacre también también es responsable la Guardia Nacional. Testimonios y documentación acusaron a Antonio Ledezma y al Director del ex Retén de Catia, Eloy Mora, como autores de la Masacre. Nunca fueron procesados.
El propio Antonio Ledezma “justificó” los hechos, y según recoge una edición del 01 de diciembre de 1992, del diario español El País, el actual alcalde mayor, afirmó entonces:
“Lo del Retén de Catia tiene vinculación con la insurrección golpista (del 27-N), porque no hay duda de lo que se pretendía era crear un caos en Caracas y que salieran a la calle más de 3 mil reclusos y eso tuvo que controlarse a costa de muchas vidas”. http://elpais.com/…/…/01/
F) Es investigado por malversación de fondos públicos durante su gestión como Alcalde del Municipio Libertador:
+ En 1996 el contralor municipal, Moises Benaim acusa al alcalde Ledezma por gastar 100 millones de Bolívares durante la visita del Papa Juan Pablo II.
+La Contraloría denunció en noviembre de 1997 a Ledezma por facilitar el funcionamiento de casinos y bingos mediante a ordenanzas. En agosto de ese año la Contraloría solicitó enjuiciar al alcalde por haber malversado 900 millones de bolívares.
+ 2010 es acusado de malversación de fondos públicos y contrataciones ilegales por el concejal Juan Carlos Dugarte; “Tenemos documentos que prueban que el alcalde Ledezma ha estado contratando empresas privadas para realizar obras y reparaciones que no ejecuta a pesar que las cobra”.
+ 2011 La concejal Deyanira Briceño denuncia a Ledezma por malversación de fondos al emplear un crédito adicional de más de 16,5 millones de bolívares para cancelar a empresas de seguros y otros proveedores de la Alcaldía Metropolitana cuando estos recursos habían sido aprobados por el Cabildo Metropolitano para pagar pasivos laborales de los funcionarios desde el año 2010.http://www.correodelorinoco.
G) 28 de noviembre de 1996.- La Policía de Caracas, bajo orden de Ledezma, reprime violentamente a trabajadores informales invidentes, personas de la tercera edad, niños, concejales y diputados. Resultó muerta la trabajadora Leonarda Reyes, fue sepultada a escondidas como NN. El crimen quedó impune.
H) Diciembre de 1998.- Represión a trabajadores de la economía informal en el sector La Hoyada del centro de Caracas. Su delito, la venta no permisada de mercancías.
En el lapso comprendido entre diciembre de 2008 y julio de 2009 Antonio Ledezma despidió injustificadamente a 2.252 trabajadores identificados con los ideales socialistas.
.. “utiliza los jugosos contratos que consigue para fines políticos, sólo así puede viajar a Madrid, halla, Chile para desprestigiar al Gobierno Bolivariano, sólo así puede ir hasta Perú para reunirse con prófugos de la justicia venezolana”, declaró el funcionario.
SUS AMIGOS EN EL MUNDO:
Desarrolla varias giras procurando apoyo a sus actividades desestabilizadoras contra el gobierno bolivariano. Destacan: Felipe González, Jose Maria Aznar, Mariano Rajoy, Mauricio Macri, Sebastian Piñera, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Michael Bloomberg, Ileana Ros Lehtinen, Jose Sarney, Benjamín Netanyahu, entre otros destacados politicos de la derecha internacional.
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5.000.000 de colombianos han emigrado de una "democracia próspera" a una "dictadura empobrecida"(?)
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Las clases altas intensifican su acoso al Gobierno popular de Nicolás Maduro.
La verdad sobre Venezuela
Estimadas amigas y amigos:
Os adjuntamos la respuesta que dos pequeñas ONG para el Desarrollo han dado a la barbaridad que se pretende cometer en el Congreso de Diputados en los próximos días.
Como podéis ver en archivo adjunto, se informa del caso Leopoldo López, ofreciendo otra versión de los hechos a los Diputados y poniendo en cuestión las acusaciones alarmantes que se difunden irresponsablemente por los grandes medios y organizaciones clientes. Denuncia, a su vez, que se esta montando de nuevo una campaña mundial, tipo “contra” para desestabilizar un Gobierno legítimo y democrático (recordemos Nicaragua). La Comunicación sostiene que bajo la apariencia de defender a las víctimas, se está violando la Soberanía de Venezuela, montando una nueva farsa que pasa por involucrar al CONGRESO de Diputados, paracolgar el sambenito de "dictadura" al Gobierno de Nicolás Maduro, seduciendo a la opinión pública para que de su apoyo a su derrocamiento, sin detenerse a pensar que fue elegido en las urnas por una mayoría de venezolanos.
Termina el documento recordando que si se busca la paz, la democracia y la libertad de los pueblos hay que respetar su soberanía y evitar la guerra.
Finalmente las ONGDs firmantes solicitan a los Sres. Diputados, una clara impugnación de la PROPOSICIÓN NO DE LEY, por violar nuestra Constitución – 1978- que en su Preámbulo proclama que la voluntad de España es “… establecer una sociedad democrática avanzada, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.”